CASAS HOGAR RECIBEN A DECENAS DE NIÑOS MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS SIN CONTAR CON PROTOCOLOS PARA SU ATENCIÓN

Cuatro de cada diez menores que residen en algunos albergues como el Centro Amanecer de Coyoacán, son migrantes. Un estudio alerta de que no hay modelos para cubrir sus derechos fundamentales, como el acceso a la educación.

 

En 2016 fueron detenidos 40,114 menores que atravesaban el país.

 

Redacción │ América Sin Muros

En 2016 México sólo reconoció a 130 menores migrantes no acompañados como refugiados; menos del 1% de los 17,557 niños que fueron detenidos durante ese año, y muchos menos de los que transitaron por el territorio. En su mayoría, el 97%, vienen de Centroamérica, y casi el mismo porcentaje, un 96%, fueron devueltos a su país de origen.

Mientras ese retorno sucede, los menores han comenzado a engrosar las casas hogar del DIF, transformando por completo la realidad de estos albergues. Un estudio dirigido por la profesora Gabriela Ruiz, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, señala que en algunas casas hogar la población de niños migrantes ya representa 4 de cada 10 menores. Es el caso del Centro Amanecer para niños, que alberga a menores de 9 a 12 años en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México.

Sin embargo, las casas hogar no cuentan con protocolos adecuados para una atención especializada, y la estancia de menores ha pasado de dos o tres días a más de tres meses, agravando la falta de atención que los niños requieren, señala la investigadora. “Hoy, bajo las condiciones de violencia estructural, muchos (niños) buscan su estatus de refugiado, y eso hace que puedan pasar tres meses en las casas, pero no hay modelos para cubrir sus derechos fundamentales en ese tiempo, como educación, por ejemplo; esos niños no se incorporan a escuelas”, señala Ruiz, quien agrega que “es urgente generar estas estrategias y enfoques de atención para atender las problemáticas con las que vienen”.

Tanto Ruiz como Mayra Rojas, directora de la asociación civil Infancia Común, señalan que se necesita una política de protección a la niñez migrante y denuncian que el personal no está capacitado para atender a estos menores: “La mayoría de los niños que llegan tienen problemas traumáticos. Sus condiciones son distintas y no se les puede atender de la misma manera que al resto. Lo que observamos es que no los mezclan con población durante los primeros días, están aislados, pero no hay un procedimiento de reparación. No son notificados de que pueden hacer una llamada telefónica o tener asesoría legal, y esto nos habla de que están siendo revictimizados nuevamente”, agrega Ruiz.

El propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, reconoció en una entrevista con El Universal que “nunca fue agenda del DIF ni de ninguna otra dependencia, crecieron estos fenómenos de manera grave y no hay autoridades que intervengan”, afirmó.

 

Carmen huyó de Honduras con sus 5 hijos después de haber recibido amenazas de muerte. Hoy viven en un albergue financiado por ACNUR en México. | ACNUR / Sebastian Rich.

 

Pese a que el número de solicitudes de asilo presentadas por niños no acompañados aumentó en un 65% en 2016, según Acnur, no existen protocolos para la atención de estos casos. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que: “los ejemplos y testimonios que se plasman en los informes de organismos internacionales y OSC evidencian no solo la falta de capacidad del personal del INM y de otras instancias para comunicarse asertivamente con las niñas, niños y adolescentes en contexto de migración internacional no acompañados, sino la falta de preparación, de capacitación y de experiencia”.

Según el informe de la CNDH, los migrantes de 0 a 19 años ya representan el 23% del total de la población migrante. La mayoría de los menores que viajan solos salieron de sus países de origen motivados por la violencia que viven (48.6%), motivos económicos (29.2%), o buscando la reunificación familiar (22.2%), según la CNDH.

Para Mayra Rojas la situación aún es más grave si se tiene en cuenta que los menores son expuestos a graves riesgos cuando son repatriados y recuerda que en Honduras a los adolescentes deportados les llaman ‘muertos vivientes’. “Sabemos que ni una cuarta parte de los niños que migran solos llega a su destino. Y en los albergues de menores el Estado está desbordado; las propias autoridades no entienden su situación y los revictimizan”, señala.

 

El interés superior de la niñez

Tanto Unicef como otras agencias internacionales han manifestado que los menores atrapados en la crisis global de migración deben ser tratados en primer lugar y en todo momento como niños, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio ni el de sus padres. Sin embargo, en México no sucede así, señala Gabriel Contreras, abogado y activista en la CNDH.

La niñez migrante no acompañada tiene un nivel extremo de vulnerabilidad. Por eso, para Contreras no son migrantes, sino exiliados que buscan un asilo. “Los niños van huyendo; saben que su papá o su mamá se fueron a  California y su idea es ir a buscarlos. Toman la iniciativa, agarran sus cosas y van sobreviviendo de forma inusual en el camino”, dice el experto. Pese a ello, la mayoría no alcanza su destino: en 2016 fueron detenidos 40,114 menores que atravesaban el país.

Antes de que la Ley General de Protección a la Niñez entrara en vigor, la población de menores no acompañados en centros de detención del Instituto Nacional de Migración aumentó en un 300% entre 2014 y 2015, sometiéndolos a contextos no aptos para menores donde no se les garantizaba la protección de sus derechos. “Hace un par de años no existía siquiera un registro de qué pasaba con esos niños. Ahora la autoridad que los detiene tiene que avisar al DIF, y los protectores de la niñez los derivan a los centros de asistencia, pero después de eso tampoco hay un seguimiento”, explica Contreras.

Después de su estancia en las casas hogar, la mayoría de los menores son deportados sin haber tenido oportunidad de solicitar asilo o contar con apoyo legal para resolver su situación. De hecho, el 96.7% de los adolescentes no cuenta con asesoría legal ni con tutor o una persona de confianza que defienda sus intereses durante el proceso de deportación, según indica la CNDH.

 

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